El pasado viernes 1° de noviembre la Subsecretaría de Políticas Ambientales de Filo organizó un encuentro interdisciplinario para analizar los efectos ambientales y sociales de la Ley de Bases y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El evento contó con más de setenta asistentes entre estudiantes, investigadores, docentes y activistas ambientales que se reunieron para dialogar con destacades especialistas en economía, políticas ambientales y derechos territoriales para explorar las consecuencias de esta normativa desde una perspectiva amplia y crítica.
La presentación inicial estuvo a cargo de Graciela Morgade, vicedecana de la facultad, quien planteó un paralelismo entre las luchas universitarias, el activismo ambiental y la educación sexual integral, señalando que estas causas enfrentan discursos de negacionismo y enfoques individualistas. Morgade destacó la importancia de un enfoque inclusivo y sostenible que desafíe estas visiones en favor de la lucha y bienestar colectivo. Jorge Blanco, subsecretario de Políticas Ambientales, moderó el evento.
Perspectivas y aportes de les panelistas
Durante la jornada, les expositores abordaron las implicancias del RIGI desde diferentes ángulos:
Silvia Gorenstein, investigadora del CONICET, explicó que el régimen apunta a atraer grandes inversiones en minería e hidrocarburos bajo un modelo de enclave, donde las empresas extranjeras extraen recursos sin ninguna obligación de reciprocidad. Subrayó que no existen exigencias para desarrollar tecnología local, ni para abastecer el mercado nacional, lo que profundiza un modelo de "territorio-empresa". Además, Gorenstein criticó la falta de medidas para integrar estas inversiones en un entramado productivo más amplio y sostenible, sugiriendo que la normativa favorece principalmente a las élites económicas sin resolver los problemas de financiamiento del país.
Gabriela Merlinsky, docente de la UBA e investigadora Principal de CONICET, destacó el avance de políticas extractivistas que promueven un uso intensivo del territorio sin contemplar una redistribución equitativa ni políticas soberanas. Merlinsky señaló que el desmantelamiento de políticas ambientales y la desjerarquización de los derechos ambientales que se observan en este contexto, y cómo estos cambios están impulsados por una visión de mercado que prioriza el derecho a la propiedad privada sobre los derechos ambientales. Este modelo, según la experta, tiene como contrapartida una reacción contra los movimientos progresistas, el ambientalismo y el feminismo, que son percibidos como enemigos de este orden mercantilista.
Ariel Slipak, coordinador del Área de Investigación en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, advirtió sobre las reformas laborales y ambientales que acompañan al RIGI y que buscan acelerar la explotación extractivista en el país. Explicó que múltiples empresas se disputan territorios bajo la premisa de impulsar la transición energética, lo cual ejerce una fuerte presión sobre los recursos naturales y provoca diversas formas de violencia, incluyendo simbólica e ideológica. Slipak enfatizó la urgencia de una transición energética popular que esté al servicio de las poblaciones locales y no exclusivamente de los intereses corporativos.
Reflexiones finales
El evento concluyó con una reflexión sobre la relevancia de las ciencias sociales y las humanidades en la formulación de investigaciones críticas y la necesidad de fortalecer alianzas con actores sociales diversos. Los participantes coincidieron en la importancia de analizar los procesos históricos y socioeconómicos que configuran el contexto actual y de construir una visión estratégica que permita enfrentar los desafíos ambientales y sociales desde una perspectiva inclusiva y comprometida con los desafíos presentes y futuros.
Más información:
1. Análisis de la Ley de Bases que se ha realizado desde FARN.
2. Análisis de aspectos ambientales y legales del RIGI de FARN.
4. Entrevista sobre aspectos socio-ambientales y económicos del RIGI en Canal Abierto.